La violencia y sus diferentes manifestaciones son temas prioritarios de salud pública en Venezuela por sus impactos económicos, sociales, culturales, individuales, familiares y sobre todo por la violación de los derechos humanos, principalmente, el derecho a la vida.

El proceso continuo de destrucción del Estado de Derecho en Venezuela desde hace más de una década confluyó, desde el año 2015, con una situación de Emergencia Humanitaria Compleja de origen político, causada por una multiplicidad de factores que tiene amplias repercusiones en la desintegración del Estado, la economía y la erosión continua del bienestar de la sociedad. Esta crisis multiplica y genera nuevas necesidades de índole humanitario, agrava los problemas de inseguridad humana, profundiza el deterioro de los servicios públicos y menoscaba el sistema de protección de los derechos humanos. Ello afecta a toda la población, pero tiene una incidencia mucho mayor en los más vulnerables, como lo son las personas mayores.

En este informe se presenta la violación al derecho a la vida y a la integridad de las personas mayores ocurridas durante el primer semestre del año 2020. Los datos se recogieron y fueron sistematizados a partir de la información hemerográfica de la sección de sucesos de cincuenta (50) portales noticiosos digitales, nacionales, regionales y locales.

Entre enero y junio fue registrado un total de ciento ochenta y cinco (185) muertes violentas de personas mayores; de estas, ochenta y uno (81) o 44%, fueron clasificadas como muertes violentas por causas específicas (incluye las muertes por asfixia mecánica, arma blanca, arma de fuego, golpizas y otras donde no hay información sobre la causa de la muerte) teniendo como principal móvil al robo. En su mayoría, estas muertes sucedieron en la vivienda de la propia víctima. Por otro lado, ocurrieron treinta y un (31) decesos producto de muertes violentas por descuido, negligencia o impericia que representa el 17% del total de muertes violentas de personas mayores registradas. De entre éstas, la causa más recurrente fue el arrollamiento (14%). El 18% del total de las muertes violentas sucedidas durante este primer semestre del año 2020 es atribuible a la responsabilidad directa del Estado, bien sea por acción, omisión o consentimiento, directo o incitado, cuya consecuencia inmediata fue el fallecimiento de 33 personas mayores, de entre estas, 29 fueron por COVID-19. Esta distinción se hace porque, la protección de la vida de todas las personas -y en especial de los grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas mayores- es una obligación ineludible del Estado tal y como lo establecen las diferentes convenciones, tratados y acuerdos internacionales. Estas muertes expresan diferentes formas de violación al derecho a la vida, a la provisión de medios necesarios para evitar muertes no naturales o tempranas, de ausencia de acciones y de políticas públicas dirigidas a la protección de la vida de las personas mayores ante las amenazas de una muerte temprana, negándoles las posibilidades de medios de asistencia médica o social oportuna.

Otras muertes violentas que incluyen suicidios y diferentes tipos de accidentes, representaron el 21% de las muertes violentas de personas mayores.

El 13 de marzo, el régimen de Nicolás Maduro anunció que en el país había dos casos positivos por COVID-19, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó, que, a partir de los resultados de sus análisis, son las personas mayores de 60 años las que más necesitan de cuidados preventivos y atención. En Venezuela es este grupo, que según las cifras oficiales alcanza a unos 4 millones, los más desasistidos y doblemente vulnerables por la crisis económica, social y sanitaria que viene presentándose desde hace más de una década y ahora se le suma, para este grupo etario en particular, la situación de alto riesgo que implica la pandemia por COVID-19.