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(Prensa Convite).- Durante los últimos seis meses del año pasado, en Venezuela, 149 ciudadanos de la tercera edad murieron de forma violenta, según se desprende del Informe de victimización: vejez en riesgo. Muertes violentas de personas mayores, correspondiente al segundo semestre de 2021 realizado por Convite AC. El estudio revela que el estado Lara puntea esta estadística con 13,4%.  

Al ahondar sobre las causas de estos fallecimientos se observa que 40 % fueron producto de ataques con armas blancas o de fuego, golpizas y asfixia mecánica. Un gran porcentaje de estas muertes tuvo como móvil el robo y los asesinatos sucedieron en la vivienda de la víctima.

La investigación también detalla que al menos 18 de esos decesos ocurrieron por descuido, negligencia o impericia y 13 de las muertes califican como atribuibles a responsabilidad directa del Estado, bien sea por acción, omisión o consentimiento, directo o incitado. En el informe no se contabilizan los fallecimientos por la COVID-19 o por causas asociadas a ésta, aunque esa información también está disponible dentro del documento.

El número total de muertes violentas de personas mayores documentadas durante el segundo semestre del año 2021 corresponde a 19 entidades federales, incluyendo el Área Metropolitana de Caracas. De los 149 casos reseñados, 35% se concentró en tres estados: Lara (13,4%), Anzoátegui (11,4%) y Táchira (10.1%). Les siguen Aragua (9,4%), Carabobo (8,7%), Área Metropolitana de Caracas (7,4%), Mérida (6,7%), Miranda (5,4%) y Zulia (5,4%).

Las causas específicas de las muertes reflejadas en el estudio son las siguientes:

Accidentes: 13 personas mayores murieron en accidentes vehiculares, 11 en accidentes domésticos, 2 accidentes laborales, 2 por inmersión, 3 calcinados y electrocutados.

Arma blanca: 17 personas mayores murieron por causa de algún tipo de herida contusa realizada con objetos punzocortantes.

Golpizas: 13 de estas muertes tuvieron como causa los fuertes golpes que sufrieron las personas mayores para ser sometidas durante un robo o una riña.

Arrollamientos: 18 personas mayores (ocho mujeres y diez hombres) fueron arrolladas. Ello representa 15,5% del total de las muertes violentas.

Suicidios: Siete personas mayores provocaron su propia muerte en forma intencional.

Falta de atención: 13 personas mayores murieron por causas atribuibles a la responsabilidad directa del Estado, al no brindarles asistencia en salud oportuna. Siete mujeres mayores perdieron la vida como consecuencia de las fuertes lluvias. Dos personas mayores privadas de libertad murieron por falta de atención médica y un hombre mayor encontró murió electrocutado tras la caída de una guaya de alta tensión en la vía pública.

Arma de fuego: 14 personas mayores fallecieron al ser impactadas por proyectiles.

Asfixia mecánica: Cinco personas mayores murieron por estrangulamiento perpetrado por terceros durante situaciones de robo o riñas.

RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL ESTADO

El equipo de investigación de Convite AC documentó en el segundo semestre 13 muertes violentas relacionadas con la responsabilidad directa del Estado, dentro de las cuales están aquellas defunciones ocasionadas, básicamente, por falta de atención en salud y deficiencias de los servicios públicos. Pero también hubo muertes debido a las fuertes lluvias con las consecuentes inundaciones y tragedias que hubiesen podido evitarse. Este fue el caso del estado Mérida, donde perdieron la vida 18 personas, entre las que había siete ciudadanos mayores.

Es de señalar que las muertes violentas con responsabilidad directa del Estado se refieren a acciones, inacciones, omisiones y consentimientos, directos o incitados, persistentes e inducidos por parte de gobiernos o autoridades oficiales, cuya consecuencia, mediata o inmediata, es el fallecimiento temprano de personas mayores.

La protección de la vida de todas las personas -y en especial de los grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas mayores- es una obligación ineludible del Estado, tal y como lo establecen las diferentes convenciones, tratados y acuerdos internacionales. Estas muertes expresan diferentes formas de violación al derecho a la vida, a la provisión de medios necesarios para evitar muertes no naturales o tempranas, de ausencia de acciones y de políticas públicas dirigidas a la protección de la vida de las personas mayores ante las amenazas de una muerte temprana, negándoles las posibilidades de medios de asistencia médica o social oportuna.

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MUERTES POR COVID-19

De acuerdo con la información oficial publicada diariamente, entre los meses de julio a diciembre de 2021 se pudo documentar un total de 1.666 muertes de personas mayores por la COVID-19 o por causas asociadas a ésta.

Destaca el informe que la gran mayoría de estas muertes ocurren porque el Estado no garantiza el derecho a la vida, a la propiedad, a una calidad de vida digna que permita el acceso a alimentos, medicinas, servicios y asistencia médica, recursos indispensables para la sobrevivencia, especialmente para las personas mayores. Son muertes violentas que podrían haberse prevenido y evidencian la negligencia, así como el incumplimiento de las obligaciones de protección por parte del Estado frente a amenazas procedentes de particulares y de entes públicos o privados.