Convite presentó el “Informe de victimización: vejez en riesgo”, que registra las muertes violentas de personas mayores en Venezuela desde enero hasta junio del 2021. Este trabajo es parte del proyecto Monitor de Salud, desarrollado por la organización, junto a sus aliados, bajo el apoyo financiero de la Unión Europea.

La organización, en vista de la falta de acceso a la información de parte de los organismos públicos competentes, realizó un seguimiento a la sección de sucesos de 74 medios de comunicación nacionales, regionales y locales. A partir de los datos obtenidos, contabilizaron 102 decesos de personas de tercera edad en circunstancias no naturales, bien sea en accidentes domésticos y laborales (23.5%), víctimas de armas blancas (19.6%) o de fuego (4.9%), golpizas (13.7%), arrollamientos (12.7%), suicidios (6.9%), falta de atención (5.9%), asfixia mecánica (3.9%) y torturas y malos tratos (2%).

Francelia Ruiz, directora de proyectos de Convite, expuso que entre las causas del fallecimiento de un centenar de víctimas en seis meses está el deterioro de los cruces peatonales; la migración de los hijos; la falta de servicios que obliga a las personas mayores a hacer largas colas para recargar la bombona de gas, surtir gasolina, cobrar la pensión o ponerse la vacuna contra la COVID-19; la soledad en la que viven y de la que se aprovechan los ladrones para entrar a sus propiedades, agredirlos y robar sus pertenencias; y las zonas en las que los delincuentes han sustituido al Estado.

“La violencia y sus diferentes manifestaciones son temas prioritarios de salud pública en Venezuela por sus impactos económicos, sociales, culturales, individuales, familiares y sobre todo por la violación de los derechos humanos, principalmente, el derecho a la vida”, reza el informe.

Ocho de esas 102 muertes son calificadas como responsabilidad directa del Estado. De acuerdo con el estudio, se produjeron por acciones, inacciones, omisiones y consentimientos, directos o incitados, persistentes e inducidos por parte de gobiernos o autoridades oficiales, cuya consecuencia, mediata o inmediata, es el fallecimiento temprano de personas mayores. Además se suman a esta cifra las 1.353 personas mayores que murieron a causa de la COVID-19 o con causas asociadas a esta.

El informe resalta que el mayor número de víctimas eran hombres (66%), por lo que las mujeres están menos expuestas a las muertes violentas. El rango de edad más común entre las víctimas fue entre 60 y 70 años (66%). La entidad federal con mayor incidencia fue el Área Metropolitana de Caracas (26.5%), seguida de Aragua y Lara. Los victimarios mayormente son familiares directos, vecinos o amigos que conocen el estado de vulnerabilidad en el que viven las víctimas.

“La relación cercana entre la víctima y el victimario demuestra el grado de descomposición social del país. El ciclo de violencia se ha ido diversificando y se perpetúa”, afirma Ruiz, quien a su vez denuncia que gran parte de esas víctimas o sus familias nunca reciben justicia porque los casos quedan impunes, incluso cuando se ha podido determinar quiénes fueron los responsables.

“Venezuela es el peor país para envejecer”, agrega la directora de proyectos. Sin embargo, explica que esta tendencia se puede revertir si el Estado se abocara a implementar políticas para salvaguardar la vida de los adultos mayores, quienes se han visto afectados por la compleja crisis que atraviesa el país. Además recordó que es deber del Estado, tal como lo establecen los diferentes tratados a los que está suscrito, cumplir con su obligación ineludible de garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos del país, especialmente aquellos que forman parte de grupos de vulnerabilidad.

Convite manifestó su compromiso en seguir documentando, divulgando y denunciando la violación de derechos humanos en el país, enfocados sobre todo en las personas mayores.

La presentación del informe se realizó en la mañana del viernes, 01 de octubre del 2021, en los espacios de Sala Cabrujas, del Centro Cultural de Chacao, Caracas. Y contó con la presencia de representantes de diferentes ONG y medios de comunicación.