La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación “por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela”.

Marta Hurtado, portavoz de la Acnudh, se refirió al reciente caso de la organización Azul Positivo, dedicada a trabajar con pacientes de VIH/sida y temas de salud sexual en la región occidental. “En el último incidente, el 12 de enero en el estado de Zulia, oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo”.

En su relatoría, Hurtado detalla que durante ese procedimiento las fuerzas de seguridad incautaron documentos y arrestaron a seis empleados; “cinco de ellos siguen detenidos y no han podido ver a sus abogados ni a sus familiares”, precisa.

La alta funcionaria de esa dependencia de la ONU detalla que “esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.

Califica como desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal, comentó Hurtado en relación con los procedimientos practicados en apenas un mes contra Azul Positivo y Convite, cuya sede en Los Dos Caminos fue allanada en diciembre pasado por parte de efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana.

Hurtado relata que “al menos tres medios de comunicación también fueron objeto de ataques el 8 de enero, cuando, supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal. Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo”.

La vocera de Naciones Unidas insta a las autoridades a dejar “de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación”, al tiempo de recordar que “una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida”.

Por su parte, Luis Francisco Cabezas, director de la asociación civil Convite, recuerda que “el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas, incluido el derecho a defender derechos. Es por ello que, desde Convite, hacemos un exhorto a cesar el hostigamiento y abrir canales de diálogo que permitan acordar un marco de actuación para las organizaciones humanitarias que hacen vida en Venezuela; esto redundará en que la ayuda siga llegando a las personas que la precisan. Es momento de poner a la gente en el centro de nuestras acciones”.

Para entrevistas y envío de mayor información, favor contactar a Convite A.C. a través de convite.direcciongeneral@gmail.com y las redes sociales @conviteac en Twitter, Instagram y Facebook.

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