La ONG Convite A.C. Denuncia la muerte violenta de 499 Personas Mayores en Venezuela, en el 2017; sucesos en los que, según representantes de la organización, destaca una falta directa por parte del Estado, quien debe ser responsable de garantizar seguridad a través de políticas pertinentes a la situación.

De la totalidad señalada en el informe, 321 homicidios fueron intencionales, ocurridos en hechos atribuibles al crimen organizado o no, en el que los principales motivos fueron el robo y flagelo; siendo este último la causa de 200 casos.

178 asesinados fueron producto de homicidios y otros tipos de muertes como accidentes, negligencia, arrollamiento y suicidio. En cuanto a las personas que se quitaron la vida, hay una cifra alarmante de 25 decesos.

La investigación llevada a cabo por la organización está especificada a través de una serie de filtros que permiten jerarquizar los casos; por ejemplo, los estados en los que más se registraron el mayor número de homicidios fueron Zulia, Anzoátegui, Lara, Aragua y el Área Metropolitana de Caracas. Así como también determinan que, del total de víctimas, la mayoría fueron hombres.

El informe fue realizado a partir de la recolección de noticias de 61 portales periodísticos nacionales, regionales y locales; por lo que Francelia Ruiz, coordinadora de investigaciones de Convite, aclara que las cifras manejadas son una aproximación constatable, por lo que se puede intuir o prever que los números realmente son mayores, tomando en cuenta todos los hechos no reseñados por medios de comunicación.

Haciendo énfasis en que los ancianos perdieron la vida en eventos en los que la acción del Estado debió estar orientada a la garantía del derecho a la vida; la ONG señala en el informe una serie de recomendaciones y exigencias a los responsables en asegurar calidad de vida en pro de atender la situación de vulnerabilidad que están viviendo los Adultos Mayores.

Desde el punto de vista de la política pública, una de las recomendaciones es, incluir al 100% de las personas mayores en el sistema de protección social, y realizar ajustes en los montos en el sistema de pensiones que les permitan a los adultos mayores tener acceso a unas condiciones mínimas de calidad de vida, en las que, al menos, puedan tener acceso a los alimentos y medicamentos que requieren para preservar su salud y su vida.

Así como formular políticas de seguridad efectivas, a fin de garantizar el derecho a la propiedad de las personas mayores y con eso, proteger su vida. En el trabajo también se destacan sugerencias desde el punto de vista formativo y de la jurisprudencia.

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